“El 57% de los contratos municipales a concurso se firman con empresas locales”

  • El Ayuntamiento destaca el efecto positivo de la división en lotes para dar entrada a las Pymes. Artículo publicado el 9 de octubre de 2017 en El Norte de Castilla

El primer examen a los nuevos procedimientos de con­tratación, superado con nota. Así lo valora, al menos, la Secretaría Ge­neral del Ayuntamiento de Valladolid en un informe en el que ana­liza esta materia, tras la entrada en vigor, en abril de 2015, de la prime­ra Instrucción para impulsar la Efi­ciencia en la Administración Local en su relación con las empresas que le llevan a cabo las obras, le sumi­nistran bienes o le prestan servicios. El documento se refiere a los con­tratos rubricados en 2016, el primer ejercicio completo en el que se han aplicado las 111 medidas con las que se pretende favorecer, entre otros as­pectos, la transparencia, la sostenibilidad económica o el fomento de las pequeños y medianos negocios.

Ese es precisamente uno de los datos que destaca en el análisis. De los 216 nuevos contratos a concur­so celebrados el pasado año, el 69% (150) fueron adjudicados a firmas con menos de 250 trabajadores. Lo más importante respecto al fomen­to de la economía local es que 123 de total se rubricaron con empresas de Valladolid (57%), de los que 92 recayeron en firmas en la ciudad y 31 en negocios de la provincia. El importe de la actividad contractual alcanzó los 64,1 millones de euros en 2016, de los que 53,3 se tramita­ron mediante procedimiento abier­to. Si se aplica el porcentaje de ad­judicaciones locales al montante, se puede estimar que uno 30 millo­nes de gasto municipal se quedaron en el terreno.

El estudio no permite hacer una comparación con ejercicios anterio­res, ya que en 2015 la instrucción se aplicó ya muy avanzado el segundo semestre, aunque el autor del infor­me, el vicesecretario municipal, ca­lifica el resultado de «bien visible» en lo que se refiere a la eficacia de las medidas para dar entrada a ne­gocios más modestos y con sede en la provincia. En este caso, la divi­sión en lotes de los contratos ha sido fundamental a la hora de que las pymes hayan podido acceder a es­tos procesos de licitación.

El informe dedica un epígrafe a la transparencia e integridad en la contratación, con las que se preten­de favorecer la competencia en igual­dad de condiciones. La Secretaría General considera que los datos per­miten asegurar que se está fomen­tando con concurrencia competiti­va y objetividad en las adjudicaciones. De los contratos celebrados el pasado año, el 86% se llevó a cabo mediante procedimientos ordina­rios y el 83% a través de concurso abierto. La utilización del negocia­do sin publicidad solo supuso el 1,25%, mientras que los contratos menores representaron el 12,73% del total, «pero con una tendencia a reducirse, pues en 2015 llegaron al 13,65%».

El documento destaca un aspec­to que suele complicar bastante la relación entre la administración y la empresa. Según se subraya en el estudio, las medidas de transparen­cia impuestas han permitido redu­cir la litigiosidad al asegurar «una mayor objetividad e igualdad en el trato en las licitaciones y permitir a todos los participantes formular alegaciones durante todo el proce­dimiento de adjudicación, sin per­juicio de los recursos que estimasen oportuno interponer». Además, se matiza que este nuevo sistema «no ha supuesto una carga adicional de trabajo significativa, así como tampoco retra­sos en la tramitación de los expedientes».

Ahí van los datos. El departamen­to califica de «escasísimos» los recursos interpuestos, con solo diez, lo que supone el 4,63% sobre los 216 contratos. Ocho fueron desestima­dos -cinco en el Tribunal Adminis­trativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) y tres en vía administrativa-, otro prosperó en sede municipal y únicamente uno ha cogido la senda de los juzga­dos y está pendiente de sentencia.

Respecto al recurso que ha sido es­timado en instancia administrativa, «no ha conllevado coste indemnizatorio alguno» al haberse resuelto an­tes de la adjudicación, con lo que se ha vuelto a sacar a la licitación cuan­do se corrigieran las deficiencias de­tectadas, se explica.

Menos modificados

Otro de los aspectos que analiza el estudio elaborado por el departa­mento de Secretaría General es el de la sostenibilidad económica de los contratos. Traducido, mayor ca­lidad en las obras, servicios y sumi­nistros, al mismo tiempo que se ajus­tan al precio acordado (sin las desa­gradables sorpresas de los modifica­dos) y sin cambios imprevistos en su ejecución. Así, solo en seis de los 216 expedientes tramitados el pa­sado ejercicio se han registrado mo­dificaciones imprevistas, lo que su­pone el 3%. El documento destaca que la supervisión de todos los pro­yectos, independientemente de su cuantía, y la revisión de los pliegos técnicos, junto con la utilización de la ampliación de plazo de garantía de la obra o suministro como crite­rio matemático de valoración de las ofertas, han contribuido a favorecer esa sostenibilidad que se buscaba.

Importante también ha sido, se­gún recoge el análisis, la incorpora­ción de criterios sociales, ambien­tales y de fomento de la innovación en los procesos. El 100% de los con­tratos los ha tenido en cuenta al ela­borar la documentación y como con­dición de ejecución. En especial, se lee en el informe, «no se ha admiti­do ninguna oferta que no garanti­zase a los trabajadores el salario pre­visto en el convenio colectivo del sector», mientras que los desempa­tes en las ofertas «siempre» se han realizado sobre la base de criterios sociales. Respecto a la innovación, en 2016 se ha celebrado un contra­to específico de compra pública -seis autobuses eléctricos con recarga en parada-, aunque este aspecto «se va­lora preceptivamente en todos los contratos».