La empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) se fundó en 1977 para la ejecución de obras y servicios de desarrollo rural, conservación medioambiental y actuaciones de emergencia. Esta es la empresa matriz del Grupo TRAGSA, que posteriormente creó en 1989 su primera filial TRAGSATEC para la realización de proyectos de consultoría e ingeniería. Sus 37 años de experiencia trabajando para las administraciones públicas ha supuesto que este grupo empresarial haya prestado sus servicios en la práctica totalidad de los subsectores del ámbito agrario y medioambiental.
Realiza y gestiona cualquier trabajo encargado por las administraciones públicas relacionado con el desarrollo del medio rural y la conservación de la naturaleza, actuando también en todo tipo de emergencia social, catástrofe natural o accidente climático, ofreciendo una respuesta inmediata (gane o pierda dinero en dichas actuaciones). Sirva como ejemplo la recogida del chapapote en el desastre del Prestige, la respuesta ante las inundaciones o, en su vertiente de sanidad animal, la gestión de la crisis de las «vacas locas» o el saneamiento de la «lengua azul».
La distribución nacional de la compañía, que cuenta con delegaciones en todas las provincias de las 17 comunidades autónomas españolas, le permite responder, como medio propio, con rapidez y eficacia ante cualquier requerimiento urgente de la administración central, autonómica o local. La consultora TRAGSATEC, por su parte, presta servicios de asistencia técnica a las administraciones en ámbitos como la gestión de ayudas europeas, el desarrollo de sistemas informáticos, o la modernización de los sistemas vinculados a la gestión sostenible del ciclo del agua, entre muchos otros.
El Grupo TRAGSA forma parte del grupo de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Su capital es exclusivamente público, participado muy mayoritariamente por el Estado, con una participación testimonial de muchas Comunidades Autónomas.
El Régimen Jurídico de TRAGSA y TRAGSATEC está regulado por la Disposición Adicional 25a del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE de 16 de noviembre de 2011), que entró en vigor el 16 de diciembre de 2011, así como por el Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales (BOE de 8 de septiembre de 2010).
Los problemas en esta empresa llegaron con los años duros de la crisis económica y la brutal caída en la obra pública, lo que provocó el desplome del margen en la cuenta de resultados. En septiembre de 2013 las direcciones de TRAGSA y TRAGSATEC comenzaron a negociar un Procedimiento de Despido Colectivo (PDC), alegando, entre otras, causas económicas por una caída significativa de ingresos durante más de tres trimestres, y que la reforma laboral del 2012 justificaría un despido colectivo. El proceso acabó sin pacto con la representación de los trabajadores el 29 de noviembre y la empresa siguió adelante con el despido colectivo de 1.336 empleados con una indemnización de 20 días por año y tope de una anualidad.
La Audiencia Nacional, en abril de 2014, anuló el despido colectivo por tres causas, entre ellas la falta de criterios objetivos para la selección de los 726 afectados de TRAGSA y los 610 de TRAGSATEC, reingresando de nuevo los trabajadores que ya habían sido despedidos. Ante el recurso presentado por la empresa, el pasado 26 de noviembre el Tribunal Supremo publicó su sentencia declarándolo ajustado a derecho, posibilitando con ello el despido de hasta 1.336 trabajadores, de los que hay señalados en la Comunidad 181 empleados, repartidos entre TRAGSA y TRAGSATEC en las distintas ubicaciones que tiene el Grupo en sus distintas sedes de la misma.
En la actual situación de empleo en nuestro país, y particularmente en la Comunidad de Castilla y León, esta decisión es totalmente inaceptable por el impacto que provoca sobre la economía tanto nacional como regional. Además, los datos económicos y productivos del Grupo, pasados dos años desde el inicio de este procedimiento, han evolucionado positivamente, de tal manera que las estimaciones de pérdidas y de producción no tienen parecido con las previsiones del año 2013.
La previsión para el periodo 2014-2019 era de 64,3 millones de pérdidas en el conjunto del Estado. En el último avance de 30 de septiembre de 2015, las previsiones de pérdidas se rebajaron hasta los 37 millones, y el posible cierre del año 2015, con aprovisionamiento de la devolución del 50% de la paga extra detraída en 2012, aún era de proyección de margen positivo. Los trabajadores han demostrado su voluntad negociadora y su disposición para alcanzar un acuerdo justo mediante el que se eviten los despidos y se cubran las pérdidas evitando utilizar los fondos del Estado, recurriendo a las reservas voluntarias ya acumuladas.
Ante esta situación parece lógico pensar que, al igual que se pedía un esfuerzo a la plantilla, habría sido necesaria la reestructuración de la estructura directiva y los cargos ajenos a las necesidades de producción. Sin embargo, durante estos años de manifiesta dificultad se ha seguido abonando las primas por objetivos con cifras astronómicas a mandos y directivos. El Ayuntamiento de Valladolid no puede permanecer ajeno a esta situación, máxime cuando TRAGSA es medio propio de la administración municipal.
Por todo ello, los grupos municipales de Valladolid Toma la Palabra, PSOE, Sí Se Puede, PP y Ciudadanos proponen al pleno en la sesión del 1 de marzo de 2016 esta moción para que sea adoptado el siguiente
ACUERDO
El Ayuntamiento de Valladolid insta al Gobierno de España para que requiera a la empresa pública Grupo TRAGSA y a sus trabajadores a entablar con la mayor brevedad posible las negociaciones necesarias para dar fin al conflicto laboral creado, lo que debe pasar necesariamente por la readmisión de los trabajadores despedidos durante el conflicto en las mismas condiciones en las que se encontraban, toda vez que las causas económicas, productivas y organizativas que en su día justificaron el procedimiento de despido colectivo, se han visto modificadas».
En Valladolid, a 26 de febrero de 2016,
María Sánchez Esteban
Portavoz de Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra
Pedro Herrero García
Portavoz del Grupo Municipal Socialista-PSOE
Jesús Enríquez Tauler
Portavoz del Grupo Municipal Popular-PP
Charo Chávez Muñoz
Portavoz del Grupo Municipal Sí se Puede
Pilar Vicente Tomás
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
