“¿Qué sentido tiene que en este Salón de Plenos ocupe un lugar un Cristo?”

 

  • Intervención de nuestra portavoz María Sánchez en el debate sobre la laicidad en el Pleno de septiembre

Como es lógico, Valladolid Toma la Palabra apoyará esta moción, pues es lo que siempre hemos defendido y practicado: la absoluta neutralidad de las instituciones en materia religiosa. Porque en eso consiste la laicidad: no en menospreciar ni atacar a ninguna creencia, sino en abstenerse de apoyar o identificarse con ellas. El papel del Estado y de las administraciones debe ser similar al del árbitro en una competición deportiva: si muestra preferencia por alguien, estará en duda que sea justo. Y hay múltiples señales para afirmar que en nuestro país e incluso en nuestra ciudad, aunque ninguna confesión tenga carácter estatal, como dice la Constitución, lo católico se impone de facto como oficial.

Es evidente que esto se debe a razones históricas, pero ello no debe ser una excusa. No lo debería ser aunque la religión católica fuera prácticamente hegemónica, pero es que además hay una creciente pluralidad de credos, incluídas las personas sin creencias religiosas. Según el último barómetro del CIS, dos tercios de la población se definen como personas católicas, pero a su vez casi un 30% son no creyentes o ateas. Pero es que incluso entre las que se definen como religiosas, solo un 20% afirma acudir a oficios religiosos una o más veces a la semana. El 62,5% de quienes se definen religiosos confiesan no acudir “casi nunca”. Es indudable que hay un proceso de secularización de la sociedad y que la mayoritaria identificación con lo católico se basa más en la tradición que en la devoción.

En cualquier caso, sea mayor o menos la religiosidad, es algo que pertenece al ámbito privado. La mejor manera de proteger la libertad de profesar la religión que cada uno quiera, es que el Estado no se inmiscuya y evitar todo trato de favor. Eso supone también desandar un camino en todos aquellos aspectos donde lo religioso y lo civil han convivido mezclados. Esa confusión es propia de los estados débiles, de un momento de la historia en que un Estado inmaduro no llegaba a realizar tareas de educación, de atención sanitaria o de asistencia a situaciones de necesidad, labores que desempeñaba la Iglesia. Pero hoy, afortunadamente, eso no es así, y la administración, aún con carencias, desarrolla todas esas tareas públicas. Es necesario, por ello, revisar leyes, símbolos y también actitudes en nuestro desempeño como representantes públicos. Donde algunos ven desprecio, realmente hay respeto: respeto a las personas católicas que celebran sus ritos, en los que el poder civil no pinta nada, y respeto a las personas con otras creencias, religiosas o no, a las que también representamos.

Y la mejor muestra de la necesidad de avanzar en laicidad son reacciones como las que leímos ayer al señor Carnero en prensa. Reivindicaba su catolicidad, hasta ahí estupendo, y pedía respeto a su fe. Intuimos por tanto, que de algún modo siente amenazada su libertad religiosa. Un católico, en España. Vivimos en un país que organiza todo su calendario y festividades en torno a las tradiciones católicas, donde la Iglesia católica elige a dedo profesores de la escuela pública y tiene exenciones fiscales. No es que se respete al catolicismo, sino que se le da un trato de favor difícilmente compatible con la aconfesionalidad del Estado. Y, sin embargo, considera que necesita pedir que le respeten, en vez de ser consciente de sus privilegios como católico. Si se sienten ustedes agraviados, ¿cómo piensan entonces que se sienten los que no son creyentes o quienes pertenecen a otras religiones minoritarias? La forma de que haya un respeto real a todas las creencias, es evitar que las instituciones se vinculen a ninguna.

¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que en este salón de plenos ocupe un lugar un Cristo? No creo que de ninguna forma pueda agraviar a ningún católico que esa imagen se lleve a otro sitio más apropiado, a un espacio religioso o a un museo, en su caso. Pero, sin embargo, sí puede agraviar a una persona de otro credo que diga, con razón, que este pleno también le debe representar. Es una pequeñez, sin duda. Podríamos vivir con ello, como hacemos con un sinfín de pequeñeces, pero es injusto. Y no lo digo yo, en noviembre de 2008 una sentencia obligó al colegio Macías Picavea de Valladolid a retirar el crucifijo de sus aulas por considerar que se vulneraban los derechos de igualdad y libertad de conciencia. ¿Recuerdan el revuelo que se creó? Una lástima ya que aquel hecho no debería ser una noticia, sino una situación lógica en un estado democrático.

“El principio de laicidad consiste en una sana distinción de los poderes, que no es en absoluto una oposición y que permite a la Iglesia participar cada vez más activamente en la vida de la sociedad, respetando las competencias de cada uno”. No sé si estarán de acuerdo con esta afirmación: es de un discurso de Benedicto XVI en diciembre de 2005. Y terminaré con otra cita del entonces máximo mandatario de la iglesia católica, por si ello les anima a apoyar la moción: “El Estado debería ser laico precisamente por amor a la religión en su autenticidad, que sólo se puede vivir libremente”.

María Sánchez

Concejala y portavoz de Valladolid Toma la Palabra