VTLP reclama a la Junta que asuma su responsabilidad en el caso Zambrana y en compensación financie la regeneración de Aramburu-las Viudas

El Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra presentará este martes una moción al Pleno del próximo martes, día 12 de marzo, en la que se propone al Ayuntamiento que reclame a la Junta de Castilla y León que, como consecuencia de asumir su responsabilidad política en la obligación de expropiar los terrenos de Zambrana en 2014, se comprometa a financiar el proyecto de regeneración de Aramburu-las Viudas, en una cantidad no inferior a los 10 millones de euros.

El caso Zambrana fue un complicado proceso administrativo de cambios de propiedad, reversiones y expropiaciones que implicó al Ayuntamiento, a la Junta de Castilla y León y la propiedad de la denominada Finca Zambrana, de más de 5 hectáreas (53.233 m2 que quedaban de las 40,4 hectáreas expropiadas en 1943), y que concluyó definitivamente en 2017. Supuso, por un lado, el ingreso en las arcas de la administración regional de 4.249.727,47 € (en concepto de reversión). Pero por otra parte llevó al pago de una expropiación posterior, por parte de la administración local, de 16.774.328,12 €, más los intereses (cerca de 20 millones).

El suelo se expropió hace casi 80 años por el Estado (en 1943) para construir un ‘reformatorio’. Pero parte de la finca quedó para otros usos, en manos de la Junta, que lo devolvió a los herederos del expropiado en 2007. Al no poder destinarse a ningún uso lucrativo, por impedirlo el planeamiento vigente, solicitaron al ayuntamiento, después de intentar modificar el uso, la expropiación. La cual, finalmente, se valoró en los 20 millones antedichos.

Tras la Comisión de Investigación que se llevó a cabo en el ayuntamiento se puso de manifiesto que en este fiasco urbanístico la responsabilidad recaía en las dos administraciones, la regional y la local. Pues entre ambas, con su comportamiento (acciones y sobre todo omisiones) llevaron a no adecuar el plan vigente y acabar obligando a la expropiación. Pero curiosamente, mientras la Junta ingresaba algo más de 4 millones, el Ayuntamiento tuco que pagar en torno a 20.

Esa responsabilidad nunca la asumió la Junta. El Ayuntamiento, que llegó incluso a reclamar judicialmente (en 2015) la revisión de oficio del expediente, aparte de reconocer sus errores en el proceso, siempre ha mantenido que la Junta era corresponsable, sin tener el en ello ninguna duda. El TSJ, en sentencia de 2017, no obligó a tal revisión. Pero lo hizo porque el Ayuntamiento, según se puede leer en la sentencia, no podía instar la revisión de oficio de la actuación de la Junta, “porque se trata de un acto bilateral entre la Administración autonómica con un tercero” (los propietarios) que “en nada (sigue el TSJ) afecta al Ayuntamiento”. Sin embargo, aún si pudiera entenderse que no cabe exigir judicialmente tal revisión, nada impide que la Junta explique públicamente su proceder en un caso extremadamente controvertido y oscuro, nunca aclarado por su parte.

En 2015, al acceder al gobierno municipal, el nuevo concejal de Urbanismo visitó a la Consejera de Hacienda y le reclamó hacerse cargo del 50 por ciento del coste del coste que la citada expropiación por ministerio de ley supuso a las arcas municipales. Pues consideraba que la Junta “eludió su culpa en una situación que era en buena parte responsabilidad suya”. Planteó que se concretase en algún tipo de acuerdo o convenio por el que se compensase “la mitad del coste de la factura del Zambrana”. Y se esperaba que lo hiciese “a través de programas como el de vivienda” por ese mismo valor.

En este momento nos encontramos en la tramitación de un PERI que afecta a los terrenos expropiados, y que se vincula a la regeneración del ámbito de Aramburu-las Viudas. En él se prevé una inversión de algo más de 26 millones de euros, de los cuales corresponderían cerca de 12 al Ayuntamiento; mientras que la administración regional aportaría, en principio, el 20%.

Pues bien; de acuerdo con todo lo expresado anteriormente, el grupo municipal de VTLP propondrá al Pleno del 12 de marzo de 2019 la adopción de un acuerdo por el que se incremente esa aportación en los 10 millones de euros correspondientes al 50% de la expropiación de los citados suelos.

**Consulta la moción completa aquí.