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«En torno a la vivienda», artículo de Manuel Saravia

  • Artículo publicado en Delicias al Día el mes de agosto de 2019

El acuerdo alcanzado entre las dos formaciones políticas que actualmente gobiernan en el Ayuntamiento de Valladolid, PSOE y Valladolid Toma la Palabra, se fundamenta en 12 apartados generales, que a su vez se desarrollan en un total de 150 puntos más concretos. Se refieren a la vivienda, las políticas sociales, la política cultural, medidas medioambientales, medidas sobre empleo y desarrollo económico, la política urbanística, el reequilibrio entre las diversas áreas de la ciudad, la participación, la administración digital, la transparencia, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la “mejora continua en la prestación de los servicios públicos y de las condiciones laborales de quienes los prestan”, y “una política impositiva que incida en la justicia distributiva”.

Habrá tiempo de ir comentando con cierto detalle cada uno de ellos, e ir revisando su progresivo cumplimiento. Pero empecemos con el primero de los puntos enunciados: la vivienda. Que implica, por de pronto, la realización de un nuevo Plan Municipal de Vivienda, en sustitución del actual, y que será aprobado para el periodo 2021-2024. Este plan, obviamente, debe recoger las propuestas que se enuncian a continuación. Pero ha de difundirse bien. Para lo cual también parece necesario realizar campañas de información de los programas de acceso a vivienda existentes (rehabilitación y/o construcción de vivienda municipal) y para facilitar el acceso a la vivienda (en régimen de alquiler o adquisición) a población joven, incluido el fomento del alojamiento compartido con personas mayores, que se viene planteando desde hace años.

Debe, igualmente, continuarse con el impulso a la rehabilitación, para lo que convendrá desarrollar un programa de ayudas públicas, especialmente dirigido a las zonas de rehabilitación preferentes, señaladas en el vigente Plan de la Vivienda, así como ampliar y profundizar el alcance de proyectos de intervención pública en zonas vulnerables. Se considera necesario continuar con la ampliación del Parque Público de Vivienda de Alquiler Social, hasta alcanzar una capacidad suficiente para atender a las necesidades existentes. Proseguir también con el seguimiento de las situaciones de desahucio por razones de vulnerabilidad, negociando con los propietarios cuando sea posible para evitar o reducir sus efectos. También han de seguirse desarrollando promociones de viviendas específicamente destinadas a jóvenes (hay una en marcha, de 25 viviendas, en la Avenida de Burgos). Y seguir con los trabajos de eliminación de los casos de chabolismo, infravivienda y otras viviendas de necesidad.

Otro ámbito en el que trabajar, como parte de la política de vivienda municipal (que debe recordarse que no es una competencia de los Ayuntamientos, sino de la Junta), se refiere a la intensificación del plan de ayudas al alquiler y promoción de la puesta en uso de viviendas vacías (Plan Alva), afianzando los beneficios para propietarios e inquilinos. En línea con este objetivo está el de realizar un mapeo para elaborar un catálogo de edificios públicos en desuso que permita identificar y abordar, de acuerdo con las prioridades marcadas en este mismo programa, propuestas de intervención. Y el de promocionar el uso de locales comerciales vacíos.

En otro orden de cosas, se ha de mantener “en números adecuados” el desarrollo de nuevas áreas residenciales, para atender a la necesidad “de mejora” sin que eso signifique el vaciamiento de otras áreas existentes. Para ello, se actualizará anualmente un estudio de las necesidades de vivienda que deberá servir, entre otras cosas, para controlar el consumo de suelo y sus costes asociados para la ciudad. También se desarrollarán los convenios vigentes entre el Ayuntamiento, la Gerencia Regional de Salud y la Universidad de Valladolid en el área de rehabilitación social y acceso a la vivienda de personas vulnerables. Y la potenciación del programa de accesibilidad en edificios y viviendas, para ayudar a las personas con movilidad reducida o diversidad funcional mediante la instalación de ascensores.

Tres aspectos más deben comentarse, como parte de los objetivos del programa de vivienda. Uno, la continuidad de las actuaciones de “microeficiencia energética”. Dos, promover la colaboración con la Junta de Castilla y León para frenar la proliferación de apartamentos turísticos ilegales, dentro del ámbito de competencias de cada administración. Y por último, impulsar proyectos de “viviendas colaborativas”, poniendo en marcha medidas como un servicio de asesoramiento técnico público y gratuito a cooperativas para este tipo de iniciativas; un programa de divulgación de esta fórmula residencial, facilitar suelo público a entidades interesadas en la construcción de viviendas sin ánimo de lucro.